En los lugares donde las leyes y las políticas permiten realizar un aborto según indicaciones amplias, la incidencia y las complicaciones de un aborto inseguro se reducen a un mínimo. Solo en el 16 % de los países en vías de desarrollo se permite el aborto por razones sociales o económicas, en comparación con el 80 % de los países desarrollados. Tres de cada cuatro abortos inducidos en los países en vías de desarrollo (excepto la República Popular China) se realizan en condiciones inseguras. En estos países, pocas mujeres cumplen las condiciones legales, o conocen su derecho, para recibir servicios para un aborto sin riesgos a los que tienen derecho desde el punto de vista legal. Asimismo, tal vez los profesionales no estén al tanto de las disposiciones legales o no estén dispuestos a prestar servicios para un aborto legal. En algunos países, además, no se aplican las leyes. Ya sea que el aborto esté o no restringido por la ley, la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma. Las restricciones legales llevan a muchas mujeres a procurar servicios en otros países, o de profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, lo que las expone a un riesgo significativo de muerte o discapacidad. La evidencia acumulada demuestra que la eliminación de las restricciones sobre el aborto produce una reducción de la mortalidad materna causada por el aborto inseguro y, en consecuencia, una disminución en el nivel global de mortalidad materna. En una pequeña cantidad de países, donde la mortalidad materna es baja a pesar de las leyes restrictivas referidas al aborto, muchas mujeres tienen acceso a un aborto seguro o relativamente seguro a través de la atención en países vecinos, donde se realizan abortos seguros pero ilegales en ese país.